Kenia planea evitar la orden judicial en el despliegue en Haití.

El gobierno de Kenia no esperará un fallo del tribunal de apelaciones antes de desplegar sus fuerzas en Haití, según dijo un alto funcionario del gobierno, enfatizando aún más la determinación del gobierno de avanzar con la propuesta de una fuerza multinacional con el objetivo de llevar estabilidad a la nación caribeña asolada por pandillas.

Abraham Korir Sing’Oei, secretario principal del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo al New York Times en una entrevista que Kenia y Haití estaban trabajando para finalizar un acuerdo bilateral en las próximas dos semanas y que, una vez establecido, las fuerzas kenianas se desplegarían de inmediato.

La declaración de Sing’Oei llega tan solo una semana después que el Tribunal Superior del país bloqueara el despliegue de 1,000 oficiales de policía, diciendo que solo podría continuar si había un “acuerdo recíproco” que detallara el marco bajo el cual las fuerzas kenianas podían operar en Haití.

El gobierno de Kenia apeló la decisión.

Sing’Oei dijo que el Alto Tribunal proporcionó un camino legal para el despliegue, es decir, el acuerdo recíproco bilateral con Haití. Pero afirmó que el gobierno estaba apelando la decisión a un tribunal superior de todos modos para buscar aclaraciones sobre algunas conclusiones que el gobierno “considera problemáticas”.

Aún así, agregó, “el despliegue no tiene que esperar la conclusión de esta apelación”.

No dio un cronograma específico para cuando los oficiales partirían hacia Haití.

El presidente William Ruto de Kenia se ha mantenido firme respecto al plan, diciendo a Reuters la semana pasada que la misión seguiría adelante a pesar del fallo del tribunal.

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Los observadores dicen que Ruto, quien llegó al poder en 2022, está decidido a llevar a cabo el plan para elevar su perfil como un estadista global y un líder panafricano. También ha presentado el plan de Haití como “una misión humanitaria,” la cual ayudaría a una nación cuyo pueblo forma parte de la diáspora africana.

La decisión de su gobierno de pasar por alto a los tribunales probablemente abrirá otro desafío legal de activistas y grupos de derechos humanos que han denunciado el plan de despliegue como inconstitucional. También abriría otra puerta de controversia para Ruto, cuyo gobierno enfrenta una creciente crítica por los desafíos económicos en la nación del África Oriental. Al desafiar a los tribunales, Ruto también intensificará su enfrentamiento con el poder judicial, al cual recientemente censuró por obstaculizar los planes de su administración.

Uno de esos planes era la misión en Haití.

En julio pasado, el gobierno anunció que lideraría una fuerza multinacional para restablecer el orden en Haití, donde las pandillas han tomado el control de barrios enteros y unas 5,000 personas fueron asesinadas en 2023. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la misión en octubre y la administración Biden se comprometió a financiarla con $200 millones.

Pero la operación rápidamente se convirtió en un tema político divisivo en Kenia, denunciado por activistas y líderes de la oposición. Los detractores dijeron que el plan contravenía la constitución de Kenia porque expondría a los oficiales a peligros innecesarios y se llevó a cabo sin un diálogo público más amplio o la autorización directa de las agencias gubernamentales encargadas de la seguridad nacional.

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Los grupos de derechos humanos también señalaron el lamentable historial de la policía de Kenia, a la que se le acusa de haber matado a más de 100 personas el año pasado y disparar a manifestantes durante protestas antigubernamentales. Muchos también cuestionaron cómo las fuerzas kenianas protegerían a civiles en Haití, incluso cuando luchaban por frenar la amenaza de los bandidos y el grupo terrorista Al Shabab dentro de sus propias fronteras.

Siguiendo una sesión parlamentaria en noviembre, los legisladores aprobaron una moción que permitía el despliegue de las fuerzas, pero un juez del Tribunal Superior bloqueó el plan a finales de enero, dejando su futuro en la incertidumbre.

A pesar del fallo del tribunal, Estados Unidos reafirmó su apoyo a la misión el mes pasado.

En un comunicado, el Departamento de Estado reconoció el fallo del tribunal keniano y la intención del gobierno de impugnarlo y llamó a la comunidad internacional a “responder a los niveles sin precedentes de violencia de pandillas y fuerzas desestabilizadoras que acosan al pueblo haitiano.”

Pero a medida que los funcionarios kenianos comienzan a trabajar en un “acuerdo recíproco,” los abogados y activistas han comenzado a estudiar en qué consistiría eso.

Sing’Oei dijo que el acuerdo seguiría la Ley del Servicio de Policía Nacional, que estipula que el presidente puede designar a un país como “nación reciprocante” una vez que esté satisfecho de que tienen leyes correspondientes a las que rigen a las fuerzas kenianas en el extranjero.

Los observadores dicen que Ruto ahora enfrenta presiones para demostrar que evaluó cuidadosamente todas las condiciones necesarias antes de tomar esta decisión, si es que quiere evitar más desafíos legales.

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“Cuando la ley otorga ese poder a cualquier persona —en nuestro caso, el presidente—, solo es prudente que la decisión no se base en caprichos, populismo diplomático o simplemente igualitarismo”, escribió el abogado constitucional Waikwa Wanyoike en un artículo publicado en el periódico keniata Daily Nation. “En cambio, debe tomarse basándose en prudencia y objetividad, con suficiente justificación ofrecida abiertamente.”

David C. Adams contribuyó en la cobertura desde Miami.