Una cronología de las leyes restrictivas que las autoridades han utilizado para sofocar la disidencia en la Rusia de Putin.

TALLIN, Estonia (AP) — Como parte del continuo endurecimiento del presidente ruso Vladimir Putin contra la disidencia, las autoridades en los últimos años han adoptado una serie de leyes que restringen derechos humanos fundamentales, incluida la libertad de expresión y reunión, así como los derechos de minorías y grupos religiosos.

Estas leyes han apuntado a “agentes extranjeros” que presuntamente buscan influir en Rusia, miembros de la comunidad LGBTQ+ y organizaciones que difunden información crítica del Kremlin o contraria a la narrativa oficial, especialmente en relación con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Estas leyes han ayudado al Kremlin a mantener un control estricto sobre el sistema político del país, y como resultado, se espera que Putin extienda su mandato virtualmente sin ser desafiado en las elecciones presidenciales de este mes..

Los defensores de los derechos humanos temen que haya más represiones por delante.

Aquí hay un vistazo a algunas de las leyes restrictivas aprobadas en Rusia:

Julio de 2012 — Las autoridades rusas adoptaron una ley que les permite etiquetar a organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales como “agentes extranjeros”, si reciben financiación extranjera y se dedican a una “actividad política” vagamente definida. La designación requería que las organizaciones presentaran informes detallados sobre sus finanzas a las autoridades y llevaba connotaciones negativas muy fuertes, lo que a menudo ahuyentaba a sus patrocinadores, socios y anunciantes.

En los años siguientes, la etiqueta se aplicó también a medios de comunicación y personas, y se ha utilizado principalmente para apuntar a críticos del Kremlin, medios de comunicación independientes y grupos de derechos. Actualmente hay más de 770 ONGs, medios de comunicación e individuos en el registro de “agentes extranjeros” y la lista se actualiza regularmente con nuevas incorporaciones.

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Junio de 2013 — Rusia adoptó una ley que estigmatiza a las personas homosexuales y prohíbe dar cualquier información sobre la homosexualidad a los niños. La ley — que prohibía la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” a menores — resultó en restricciones en libros, películas y medios de comunicación, y alimentó ataques contra los activistas LGBTQ+.

Diciembre de 2013 — Putin firmó una ley que permite al regulador de medios Roskomnadzor bloquear sitios web que difunden llamamientos a protestas y otro contenido presuntamente extremista con solo una orden de la Fiscalía General de Rusia, en lugar de un tribunal. Miles de sitios web fueron bloqueados en los años posteriores, incluidos muchos medios de comunicación críticos, páginas de la oposición y sitios dirigidos por grupos de derechos.

Mayo de 2015 — Se aprobó una ley que prohíbe a las “organizaciones no deseadas” operar en Rusia, con penas que van desde grandes multas hasta ocho años de cárcel. La designación se aplica a organizaciones extranjeras que las autoridades ven como una amenaza para el “orden constitucional, la capacidad de defensa o la seguridad” de Rusia, pero en realidad se ha utilizado para cerrar ONGs extranjeras y rusas, grupos de oposición y medios de comunicación críticos, incluidos canales populares como el canal de televisión Dozhd y el sitio de noticias Meduza.

Para febrero de 2024, un total de 142 grupos fueron prohibidos como “organizaciones no deseadas.”

Julio de 2016 — El Kremlin adoptó una ley que expandió significativamente los poderes de las agencias de aplicación de la ley, permitiendo la vigilancia y la recopilación de datos sobre ciudadanos bajo el pretexto de combatir el terrorismo y el extremismo.

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La ley introdujo una prohibición del uso de herramientas de cifrado no certificadas, obligó a los operadores de telecomunicaciones a almacenar llamadas y mensajes durante tres años, y endureció la realización de actividades misioneras religiosas. Ha sido duramente criticada por defensores de la libertad de expresión.

Mayo de 2019 — Rusia aprobó una llamada ley de internet soberano, diseñada para apretar el control de la infraestructura de internet en el país para poder cortar la conexión a internet del país con el resto del mundo. Según la ley, los operadores de telecomunicaciones deben instalar equipos que permitan a las autoridades bloquear contenido y redirigir el tráfico. Expertos en tecnología han cuestionado si sería posible implementarla completamente, pero advirtieron que podría causar interrupciones.

Marzo de 2022 — Justo una semana después de que las tropas rusas entraran en Ucrania, las autoridades adoptaron legislación que prohibía desprestigiar al ejército ruso o difundir “información falsa” sobre la invasión, penada con hasta 15 años de prisión. La ley fue utilizada casi de inmediato contra quienes hablaban en contra de la guerra, medios de comunicación independientes y activistas opositores.

Docenas de medios de comunicación independientes rusos fueron prohibidos como resultado, mientras que otros anunciaron que detendrían cualquier informe relacionado con Ucrania o trasladaban sus oficinas editoriales al extranjero. Miles de rusos han sido arrestados en protestas contra la guerra y docenas han enfrentado cargos criminales en virtud de la ley. Los críticos del Kremlin tanto en casa como en el extranjero fueron castigados con largas penas de prisión.

Diciembre de 2022 — Las autoridades rusas ampliaron su represión contra la comunidad LGBTQ+ y aprobaron una ley que prohíbe cualquier actividad considerada como promoción de los derechos LGBTQ+ en otro golpe para la comunidad acosada.

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Julio de 2023 — Rusia prohibió la atención de género afirmante, así como cambiar el género en documentos oficiales y registros públicos. El alto funcionario Pyotr Tolstoy, quien fue uno de los patrocinadores del proyecto de ley, ha dicho que tenía la intención de “proteger a Rusia con sus valores culturales, familiares y sus tradiciones y detener la infiltración de la ideología anti-familiar occidental.”