Para fortalecer el ejército, Putin facilita el camino hacia la ciudadanía para extranjeros.

El presidente Vladimir V. Putin de Rusia aprobó una medida que facilita a los extranjeros adquirir la ciudadanía rusa si se enlistan en el ejército en medio de la guerra en Ucrania, como parte de un esfuerzo para aumentar las filas militares y, al mismo tiempo, evitar desplegar a los rusos en el campo de batalla.

Según el decreto, publicado por el Kremlin el jueves, los extranjeros que firmen un contrato de un año con el ejército ruso o se unan a “formaciones militares” durante lo que Moscú llama su “operación militar especial” en Ucrania pueden solicitar la ciudadanía rusa bajo un procedimiento acelerado. Los beneficios también se extienden a los cónyuges, hijos y padres de los reclutas.

A diferencia de aquellos que pasan por el proceso regular de la ciudadanía rusa, estos extranjeros no necesitarían vivir en el país durante cinco años consecutivos bajo un permiso de residencia antes de solicitarla. Tampoco estarían obligados a hablar ruso y conocer la historia y las leyes básicas del país.

Según el decreto, la decisión sobre dichas solicitudes tomará solo un mes en lugar de los tres habituales.

El Kremlin ya ha ofrecido atracciones similares en dos ocasiones durante la guerra en Ucrania. En septiembre de 2022, el Sr. Putin aceleró el proceso de ciudadanía para los extranjeros que se unieron al combate, momento en que las fuerzas rusas sufrían derrotas dolorosas en la región de Kharkiv. Luego, en mayo del año pasado, el Kremlin simplificó aún más el proceso, eliminando el requisito de que los extranjeros participaran en combates armados durante al menos seis meses antes de buscar la ciudadanía.

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Desde que el Sr. Putin ordenó el reclutamiento de hasta 300,000 reservistas en septiembre de 2022, una medida muy impopular que fue la primera movilización general del país desde la Segunda Guerra Mundial, ha persistido la especulación de que el ejército requeriría una nueva oleada para reponer sus filas. Pero el Kremlin ha insistido en que los voluntarios son abundantes y que no es necesario un reclutamiento general.

El mes pasado, el Sr. Putin afirmó que 486,000 nuevos reclutas se unieron al ejército en 2023 y que 1,500 al día estaban firmando contratos. Ordenó también una expansión de las filas del ejército en 170,000, hasta 1.32 millones, lo que supone el segundo aumento de este tipo desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Una nueva ronda de movilización sería muy impopular entre el público ruso, según han sugerido encuestas, por lo que el Kremlin ha hecho grandes esfuerzos para evitarla. Las ciudades rusas han estado inundadas de carteles que prometen altos pagos y estatus elevado a los reclutas. Asimismo, en las prisiones del país, se ha ofrecido el perdón a los presos, incluidos los condenados por asesinato, a cambio de luchar en Ucrania.

El año pasado, más de tres millones de trabajadores migrantes llegaron a Rusia desde las más pobres naciones de Asia Central, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Por lo general, trabajan en puestos de servicio básico y construcción, y muchos buscan obtener la ciudadanía rusa.

En los últimos meses, las fuerzas del orden han estado buscando a extranjeros con pasaportes rusos en el país, rastreándolos en mezquitas y almacenes donde muchos de ellos trabajan. Según Novaya Gazeta, un periódico ruso, más de 3,000 migrantes fueron detenidos en San Petersburgo en Nochevieja. Y algunos migrantes han reportado ser obligados a firmar contratos con el ejército, según Astra, un medio de comunicación ruso.

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Además de considerar a los migrantes como reclutas potenciales para la guerra, Rusia también depende de ellos debido a la escasez de mano de obra que experimenta su economía, con una población general envejecida y muchas fábricas que buscan acelerar la producción de armas.

El jueves, además de firmar el decreto que apunta a los reclutas, el Sr. Putin aprobó un proceso acelerado de ciudadanía rusa para los ciudadanos de Ucrania que vivían en Crimea antes de la anexión ilegal de la península en 2014. Ese decreto también incluye a ciudadanos de Afganistán, Irak, Siria y Yemen que nacieron en territorio soviético y tenían ciudadanía soviética.